En el 25 aniversario de la
aprobación por la Asamblea de las Naciones Unidas de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, como miembros de organizaciones
católicas, nos preocupa el sufrimiento de todos los miembros del pueblo de
Dios, la situación de pobreza generalizada, que alcanza hoy a tantas familias
españolas, y que adquiere en la vida real rostros muy concretos, como son los
niños y niñas que sufren la crisis social y económica de nuestro país.
En los últimos meses,
diversos estudios de las organizaciones sociales han puesto de manifiesto la
alarmante situación de la infancia en España en la que uno de cada tres niños
viven en riesgo de pobreza o exclusión social. Tanto es así que Cáritas Europa
ha publicado un informe en el que España se sitúa casi a la cabeza de la
pobreza infantil en Europa. Es el segundo país de la Unión Europea con más
menores afectados por situaciones de necesidad, solo Rumanía está en peor
situación.
También la OCDE ha llamado
la atención sobre las consecuencias de la pobreza en la infancia y ha advertido
que los niños y niñas de familias más pobres, además de tener más dificultad
para alcanzar cierto nivel de competencias, y aunque estas se igualen, tienen
mayores probabilidades de fracaso en los estudios que los hijos de familias con
ingresos más altos.
Mientras tanto, los recortes
presupuestarios en la enseñanza, desde el año 2010 han dejado sin becas a
700.000 estudiantes y en algunas comunidades autónomas, las ayudas para apoyar
a las familias en materias como libros o becas de comedor han sufrido serias
reducciones.
Para resumir esta falta de
apoyo en España a la infancia, basta señalar que nuestro país invierte en
políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad que la media
europea: un 1,4% del PIB frente al 2,2% de nuestros vecinos comunitarios. Lo
que sitúa el gasto per cápita en 270 euros frente a los 510 euros de la Unión
Europea.
Ante esta situación, tenemos
que recordar las palabras del Papa Francisco cuando nos señala que “la necesidad
de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no sólo por
una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino
para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá
llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas
urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras…” (E.G. 202)
Denunciamos así, las causas
de tanta desigualdad social y la política de recortes que ha generado una
triste infancia de pobreza contextualizada en la familia española. Como
cristianos asumimos el compromiso ético de “mirar la realidad, ver lo que
ocurre en el mundo, analizar las causas de la injusticia, y actuar para acabar
con ellas”.
Por ello, sentimos la
responsabilidad moral y apelamos a las Administraciones públicas, para
construir las bases de un nuevo modelo social y económico centrado en las
personas, especialmente los más vulnerables, como la infancia y juventud, y
articular políticas orientadas a promover los derechos humanos y la justicia
social.
Anhelamos un mundo nuevo,
creando juntos una nueva realidad social, donde la infancia y los derechos de
la persona vulnerable sean el centro de los programas sociales de las Administraciones
de Gobierno. En este sentido, nos sumamos a la iniciativa que han lanzado
diversas organizaciones de infancia solicitando el consenso de las
Administraciones Públicas y de las Entidades Sociales en favor de alcanzar un
Pacto de Estado por la Infancia con el objetivo de erradicar la pobreza
infantil y establecer las medidas necesarias para la inclusión social de la
infancia.
Necesitamos seguir
articulando todas las sinergias y redes de nuestro entramado social y eclesial,
y sentirnos responsables todos de todos, en la recuperación de la dignidad
humana de la Infancia en España.
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